El Informe Oculto De La DEA Que Cinco Presidentes Mexicanos Decidieron Callar

El Informe Oculto De La DEA Que Cinco Presidentes Mexicanos Decidieron Callar

El auricular estaba helado. La mano del presidente Ernesto Zedillo temblaba imperceptiblemente. El reloj de la oficina marcaba las tres de la madrugada. Al otro lado de la línea, la voz de la DEA era un murmullo cortante. Tenemos a Hank. Esas tres palabras cayeron como plomo en el silencio de Los Pinos. El mandatario no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en un punto ciego de la alfombra. El aire de la habitación se volvió irrespirable. La respiración de Zedillo era lo único que se escuchaba. Colgó sin despedirse. Una tormenta invisible acababa de desatarse sobre la política mexicana.

Existe un rincón en el sur de la Ciudad de México donde el tiempo parece haberse detenido por la fuerza del olvido. Es una bodega de techos altos y muros de concreto grueso, resguardada por la penumbra y el absoluto secreto. Allí se conservan los expedientes de los grandes casos que sacudieron al país durante el siglo pasado. Los pocos funcionarios que conocen su ubicación exacta prefieren no pronunciar su nombre. El investigador Arfuch avanza solo por el pasillo principal. La pesada puerta de acero se cierra detrás de él con un estruendo seco que resuena en las paredes vacías. Al encender la luz, el foco fluorescente parpadea un par de veces, emitiendo un zumbido eléctrico antes de iluminar la estancia. El aire está cargado de un olor penetrante a papel viejo, a polvo acumulado durante décadas y a esa humedad característica de las bóvedas subterráneas que jamás se ventilan.

A lo largo de las paredes se levantan estantes metálicos con las orillas carcomidas por el óxido. Están organizados meticulosamente por sexenios: los años setenta, los ochenta, los noventa. Cada caja de cartón gris representa una época de pactos susurrados y fortunas inexplicables. Arfuch camina lentamente. El sonido de sus zapatos sobre el cemento pulido produce un eco constante que rompe la pesadez del ambiente. Es como si el silencio mismo del lugar se resistiera a ser profanado por la mirada de un intruso. Finalmente, se detiene frente al estante del año mil novecientos noventa y ocho. Desliza las manos sobre el cartón rugoso de una caja gris y la deposita sobre una mesa de metal. Tres golpes secos bastan para levantar una pequeña nube de polvo. El rótulo manuscrito en el lomo no deja lugar a dudas: Carlos Hank González. Operación Casablanca.

Adentro reposan más de doscientas hojas de papel bond amarillento. Cada página está marcada con los sellos oficiales de la DEA y las firmas de procuradores que hoy están muertos. Hay nombres tachados minuciosamente con tinta negra para proteger identidades y, en el fondo del legajo, una fotografía en blanco y negro del profesor sonriendo con una tranquilidad escalofriante. Detrás de él se observa un caballo pura sangre de pelaje impecable. El sombrero de fieltro gris del hombre está perfectamente alineado, y un reloj de oro macizo asoma con discreción bajo la manga de su traje sastre. La imagen está fechada en la primavera de mil novecientos noventa y siete, exactamente cuatro años antes de su fallecimiento. Arfuch pasa los dedos por el papel rugoso de la primera página. Respira hondo. Sabe que para comprender el peso de este expediente es necesario desentrañar la arquitectura de un poder que cinco presidentes decidieron proteger para poder dormir en paz.

Para entender la dimensión exacta de Carlos Hank González, es indispensable trasladarse al México de mil novecientos veintisiete. Era un país convulso, con la pólvora de la Revolución aún fresca en el aire y la violencia de la Guerra Cristera desangrando los pueblos del Bajío. El general Álvaro Obregón estaba a punto de ser asesinado en un restaurante de San Ángel y Plutarco Elías Calles comenzaba a tejer la intrincada red que daría vida al partido oficial. En aquel entonces, la energía eléctrica era un privilegio de pocos y el agua se acarreaba en cubetas de metal desde los pozos comunitarios. En Santiago Tianguistenco, un pequeño pueblo del Valle de Toluca que no superaba los cinco mil habitantes, el catorce de julio de aquel año nació un niño que desafiaría las leyes no escritas de la movilidad social.

Su padre, Juan George Hank, era un inmigrante alemán de mirada rígida que había llegado a territorio mexicano huyendo de la miseria y el caos europeo tras la Primera Guerra Mundial. Su madre, Juana González, era una maestra rural de convicciones firmes y fe católica inquebrantable, de esas mujeres que sostenían el rosario entre los dedos y la casa con el esfuerzo de su trabajo. En aquel hogar modesto convergieron dos sangres y dos lenguas distintas. El pequeño Carlos aprendió desde sus primeros años que el mundo no se medía por las herencias recibidas, sino por las oportunidades que se sabían arrebatar al destino. Cuando su padre murió prematuramente, la familia quedó en una posición económica vulnerable. Su madre tuvo que redoblar las jornadas de enseñanza para garantizar que no faltara el maíz y el frijol en la mesa.

A los diecisiete años, Carlos Hank González ya ostentaba el título de maestro normalista. Su primera misión fue educar a niños descalzos en las escuelas rurales del Valle de Toluca, pequeños que caminaban horas bajo el sol con su almuerzo envuelto en una servilleta de tela. El joven profesor ganaba apenas lo necesario para pagar el pasaje del camión y un café diario; su sueldo era inferior al de un peón de albañil. Quienes compartieron aquellas primeras aulas con él lo recordaban como un hombre de pocas palabras, pero de una observación minuciosa. No tomaba notas en cuadernos; prefería guardar cada detalle en su memoria. En ese silencio temprano, mientras contemplaba la pobreza del campo mexicano, se estaba gestando la inteligencia política más afilada del siglo veinte. El maestro rural comprendió que el aula era un escenario demasiado pequeño para el tamaño de su ambición.

La transformación de un humilde maestro de escuela en uno de los hombres más influyentes de la República no fue producto del azar. Todo comenzó cuando su camino se cruzó con el de Isidro Fabela, el indiscutible patriarca político del Estado de México. Fabela era un hombre de refinada cultura, abogado, diplomático de carrera y fundador de lo que la posteridad conocería como el Grupo Atlacomulco. Aquella hermandad no era una simple asociación de políticos regionales; era un verdadero Vaticano interno dentro del partido oficial. En sus reuniones no se toleraban las indiscreciones. Los que ingresaban juraban lealtad absoluta y los que rompían la palabra empeñada eran desterrados para siempre de los círculos de poder.

Fabela descubrió en el joven Hank una cualidad poco común entre los aspirantes de la época: una disciplina férrea combinada con una capacidad innata para comunicarse con los campesinos sin mostrar superioridad. Era una mezcla de modestia exterior y un hambre interior devoradora. El viejo patriarca decidió tomarlo bajo su protección, presentándolo ante la alta esfera política y abriéndole las puertas de sus primeras candidaturas locales. Según la tradición oral del grupo, en una de sus primeras audiencias privadas, Fabela miró fijamente al maestro y le dio un consejo que se convertiría en su guía permanente: el poder en México no se mide en años, sino en sexenios; la prisa es la peor enemiga de la ambición. El joven asintió en silencio, asimilando la lección de que la paciencia era una herramienta de cálculo político.

En mil novecientos cincuenta y cinco, con apenas veintiocho años, Carlos Hank González fue elegido presidente municipal de Toluca. El cargo parecía modesto, pero el profesor lo utilizó como su laboratorio personal. Allí ensayó por primera vez una idea tan sencilla como peligrosa: la función pública debía ser la llave dorada para el crecimiento patrimonial de quien la ejercía. Ningún contrato de pavimentación o alumbrado debía firmarse sin que existiera un beneficio económico directo para el funcionario. Con el tiempo, esa visión se sintetizaría en una frase que el profesor pronunciaba con absoluta seriedad ante los jóvenes colaboradores que buscaban su consejo: un político pobre es un pobre político. Aquella máxima no era una ironía de café; era una doctrina de Estado que transformaría las reglas del juego en el país.

Para mil novecientos sesenta y cinco, el país vivía la plenitud del llamado milagro mexicano. La economía crecía a tasas anuales del siete por ciento, el dólar se mantenía inamovible en doce pesos con cincuenta centavos y las familias de la naciente clase media veían el futuro con optimismo. En ese contexto de estabilidad aparente, el presidente Gustavo Díaz Ordaz designó a Carlos Hank González como director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la CONASUPO. La institución manejaba presupuestos multimillonarios destinados a la compra de granos básicos, el control de precios y el abastecimiento de tiendas comunitarias en los sectores más desfavorecidos de la población. El nombramiento causó sorpresa en los círculos técnicos, pues el profesor no era economista ni experto en agronomía.

Sin embargo, Hank demostró ser un administrador de una frialdad matemática. Exigía que antes de cualquier toma de decisiones le presentaran los balances financieros exactos. Su orden favorita en las juntas de trabajo era corta y tajante: echen lápiz. Dos palabras que obligaban a sus subordinados a calcular costos, ganancias y pérdidas hasta el último centavo. Mientras la CONASUPO expandía su red de distribución por todo el territorio nacional, el patrimonio personal del profesor comenzó a crecer en las sombras. Surgieron las primeras adquisiciones de ranchos en el Estado de México, la compra de terrenos estratégicos y las inversiones discretas en empresas de transporte y construcción que operaban bajo nombres de terceros. Todo se mantenía dentro de los márgenes legales que la laxa legislación de la época permitía, volviendo su fortuna prácticamente intocable.

En mil novecientos sesenta y nueve, Díaz Ordaz lo ungió como candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México. En aquellos tiempos de partido único, la candidatura equivalía a la victoria segura. Hank González gobernó la entidad hasta mil novecientos mil novecientos setenta y cinco. Durante su mandato, el profesor aplicó su método en su máxima expresión a través de la obra pública. Construyó redes carreteras que conectaron comunidades aisladas, modernizó avenidas en Toluca y Ecatepec, y dotó de drenaje y alumbrado a municipios enteros como Ciudad Nezahualcóyotl. Para el ciudadano común, aquel despliegue de asfalto y concreto era sinónimo de progreso innegable. Pero detrás de cada licitación pública se tejía una red de empresas constructoras efímeras y testaferros que desviaban comisiones hacia cuentas privadas que jamás figuraban en las declaraciones oficiales. El método Hank se había perfeccionado.

La consolidación de la fortuna y el poder político de Carlos Hank González no habría sido posible sin el consentimiento tácito de cinco hombres que portaron la banda presidencial. El primero de ellos fue Luis Echeverría Álvarez. Echeverría, un político calculador que cargaba con el estigma de la matanza de Tlatelolco, comprendió de inmediato la importancia estratégica del Estado de México como el principal motor electoral y económico del país. En lugar de limitar el crecimiento del gobernador, el presidente lo apuntaló y, al término de su mandato estatal en mil novecientos setenta y cinco, lo colocó al frente de Banobras. Desde la dirección del banco que financiaba toda la infraestructura nacional, el profesor estableció vínculos indestructibles con constructores y funcionarios de todos los estados de la República.

El segundo mandatario fue José López Portillo. Durante el sexenio de la abundancia petrolera, López Portillo nombró a Hank González como regente del Distrito Federal en mil novecientos setenta y seis. El cargo le otorgaba un poder casi equivalente al de un vicepresidente de facto. En seis años, el profesor transformó la Ciudad de México: construyó los ejes viales que reconfiguraron el tránsito vehicular, amplió las líneas del metro y modernizó los sistemas de recolección de basura. Aquella obra monumental fue el escenario perfecto para que las empresas de sus allegados y familiares obtuvieran contratos multimillonarios sin licitaciones transparentes. Fue en este periodo cuando su riqueza alcanzó dimensiones legendarias: las haciendas se expandieron y los establos comenzaron a llenarse con caballos pura sangre importados directamente desde Kentucky e Inglaterra.

El tercer presidente en la lista fue Miguel de la Madrid Hurtado. Su administración, marcada por la severa crisis de la deuda externa y la tragedia del terremoto de mil novecientos ochenta y cinco, adoptó un perfil tecnócrata y distante del viejo PRI. Por primera vez en décadas, el profesor se quedó sin un cargo en el gabinete federal. Sin embargo, De la Madrid optó por la prudencia política; no abrió investigaciones sobre la procedencia de los bienes de Hank ni desmanteló sus redes de influencia en Banobras. El silencio presidencial obedecía al temor de romper la estabilidad interna del partido oficial en un momento de debilidad nacional. El cuarto mandatario, Carlos Salinas de Gortari, entendió que para concretar sus reformas estructurales necesitaba la lealtad del Grupo Atlacomulco. En mil novecientos ochenta y ocho, nombró a Hank secretario de Turismo y, posteriormente, secretario de Agricultura. Desde esa posición, el profesor firmó las políticas que abrieron el campo mexicano al Tratado de Libre Comercio, mientras su familia consolidaba su imperio financiero mediante la adquisición de activos bancarios.

Ernesto Zedillo Ponce de León fue el quinto y último presidente de esta cadena de protecciones. Su gestión inició en mil novecientos noventa y cuatro bajo la sombra del asesinato de Luis Donaldo Colosio y el colapso económico conocido como el error de diciembre. Con el país al borde de la quiebra y la credibilidad del PRI por los suelos, Zedillo no podía permitirse un conflicto interno con la facción más poderosa del partido. Fue en este ambiente de vulnerabilidad institucional cuando se produjo la llamada telefónica de la madrugada del dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho. La DEA acababa de culminar la Operación Casablanca, una investigación encubierta de dos años que destapó una red monumental de lavado de dinero procedente de los cárteles de Juárez y del Golfo, implicando a doce de los principales bancos mexicanos.

Sin embargo, el verdadero peligro para el gobierno de Zedillo no radicaba en los banqueros detenidos en territorio estadounidense, sino en un expediente paralelo de doscientas páginas que los analistas de la DEA habían elaborado en estricto secreto. El documento sostenía que la familia Hank González operaba una sofisticada red financiera capaz de mover capitales a través de instituciones como el Laredo National Bank en Texas, entonces propiedad de Carlos Hank Rhon. Según el informe, la red presentaba patrones financieros compatibles con el blanqueo de capitales del crimen organizado. Se detallaban transferencias internacionales inexplicables y una evidente disparidad entre los ingresos declarados por el profesor y su patrimonio real, representado por propiedades de lujo y caballos de exhibición cuyo valor superaba por mucho las percepciones de un servidor público.

La reacción de la administración mexicana fue de una furia diplomática inmediata. El gobierno de Zedillo acusó a las agencias estadounidenses de violar la soberanía nacional al operar en territorio mexicano sin consentimiento. En las reuniones privadas que se llevaron a cabo en Los Pinos, la prioridad no fue investigar los hallazgos de la DEA, sino presionar a Washington para que el contenido del informe sobre la familia Hank no fuera presentado ante los tribunales. El presidente Zedillo sabía perfectamente que permitir un juicio de esa naturaleza habría significado el colapso definitivo del sistema político que sostenía a su gobierno. Los abogados de la familia Hank negaron enérgicamente cada una de las imputaciones y, con el tiempo, las autoridades estadounidenses retiraron las acusaciones más severas por falta de pruebas concluyentes. El expediente fue guardado en un cajón metálico y el profesor regresó a la tranquilidad de sus ranchos en el Valle de Toluca.

Carlos Hank González falleció el once de agosto de dos mil uno a los setenta y cuatro años de edad. Su funeral en Toluca fue una muestra del poder que había acumulado en vida: expresidentes, gobernadores y obispos se congregaron alrededor del ataúd de madera fina para rendirle un último tributo de respeto y silencio. Pero su muerte no significó el fin de la doctrina que había sembrado durante medio siglo. Sus dos hijos varones se encargaron de heredar tanto el patrimonio económico como la influencia en el aparato político nacional. Carlos Hank Rhon, el hijo mayor, asumió el liderazgo del Grupo Hermes, un consorcio empresarial que expandió sus intereses hacia la infraestructura carretera, la aviación y la banca de inversión. Hank Rhon aplicó la máxima de su padre de que el verdadero poder se ejerce con discreción, lejos de los reflectores de los medios de comunicación.

Por su parte, Jorge Hank Rhon eligió un camino mucho más visible y polémico. Se trasladó a la frontera norte para consolidar el Grupo Caliente, la empresa de apuestas y casinos más grande de la región, y se convirtió en propietario del Hipódromo de Tijuana. Su extravagante estilo de vida, caracterizado por un zoológico privado con miles de animales exóticos y una participación activa en la vida social del estado, lo llevó a la presidencia municipal de Tijuana en dos mil cuatro bajo las siglas del PRI. En junio de dos mil once, elementos del ejército mexicano irrumpieron en su residencia de Baja California bajo la acusación de posesión ilegal de armas de fuego. Las imágenes de su detención abrieron los noticieros nacionales, pero la grieta en el apellido duró apenas unos días. Los abogados del empresario promovieron recursos legales que entorpecieron el proceso judicial y Jorge Hank Rhon fue puesto en libertad por falta de elementos para procesarlo.

La lección del profesor no se extinguió en sus descendientes biográficos; se incrustó en el ADN de la clase gobernante mexicana. El Grupo Atlacomulco continuó operando como una maquinaria de producción de gobernadores y secretarios de Estado que culminaría en dos mil doce con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Peña Nieto, formado bajo la sombra de Arturo Montiel y Emilio Chuayffet, representaba la versión más refinada del método Hank: el uso de la obra pública y las licitaciones dirigidas a empresas aliadas como mecanismo de financiamiento político y enriquecimiento personal. Cuando el investigador Arfuch cierra la caja gris en la bodega del sur de la capital y apaga la luz, sabe perfectamente que la Operación Casablanca es solo un capítulo archivado de una historia que se sigue repitiendo cada vez que un contrato se firma a puerta cerrada en las oficinas del poder.